Vuelta de tuerca a los servicios públicos

Después de un mes vertiginoso de recortes para tranquilizar a los mercados, los servicios públicos en España siguen siendo públicos. Pero son más caros. Y para algunos colectivos la puerta se entrecierra. Cuando los cambios por decreto del Gobierno de Mariano Rajoy se pongan en práctica —la mayoría, en septiembre—, los ciudadanos pagarán más por las medicinas —y algunos que no pagaban lo harán por primera vez-, pagarán más por ir a la universidad, verán cómo la ayuda a la dependencia se restringe un poco más y tendrán que pensárselo dos veces antes de recurrirrir una sentencia judicial.
El golpe más fuerte será para los inmigrantes sin papeles: pierden el derecho a la tarjeta sanitaria que se les reconoció por primera vez en 2000.
El PP alega que las reformas son necesarias porque las cuentas se han descontrolado y porque en los últimos años ha habido mucho abuso de los servicios públicos, financiados por unos exhaustos contribuyentes; la oposición sostiene que detrás de los recortes hay una "demolición del Estado de bienestar" y que el objetivo del Gobierno es deteriorar ahora los servicios públicos para, en un futuro, privatizarlos.