Familias y cuidadores afirman que los recortes del PP ponen en riesgo la Ley de Dependencia

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia -formada por dependientes, familias, cuidadores y colectivos de profesionales- ha denunciado que los recortes sociales del PP "ponen en riesgo" los derechos reconocidos en la ley y ha anunciado que pedirá al Parlamento que controle su aplicación.

Los colectivos sociales que integran esta plataforma han mantenido una reunión para acordar las actuaciones en defensa de la ley, ya que consideran que las últimas medidas acordadas por el Gobierno van a "empeorar la gestión" y se traducirán en el aumento de las listas de espera, formada por dependientes reconocidos que no reciben prestaciones, que ascienden a 300.000 personas.

"Mientras se siga pensando que la ley es un gasto, siempre tendrán motivos para recortes", ha dicho el portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas, Jaime Esteban, quien considera que se debe plantear como "una inversión" que ha generado 165.000 nuevos empleos y que mantiene 248.000 empleos vinculados a la dependencia.

Además, las organizaciones consideran que afectará a la vida de las mujeres y al reconocimiento de su trabajo, que son el 90% de los cuidadores y de los trabajadores de la dependencia. "Esto va a acabar otra vez con muchas mujeres sin reconocerles el trabajo que están realizando y obligándoles a cuidar a sus familiares; van a intentar volver a la mujer a su casa, a hacer las labores que la derecha cree que le corresponden", ha opinado.


Las organizaciones consideran que la aplicación de la ley "ha sido un desastre en algunas comunidades" —como Canarias, Valencia, Baleares y Madrid— cuyo inferior desarrollo ha provocado discriminación territorial y reclaman que se iguale al nivel de las regiones que mejor estaban cumpliendo con los derechos de los dependientes —Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Andalucía—.

Se acabó el 'turismo sanitario' para 700.000 extranjeros y con 1.000 millones de coste

Se acabó el dar la bienvenida a legiones de pensionistas europeos ansiosos de sol, mar… y camas hospitalarias. La generosidad de la sanidad pública española de cubrir gratuitamente algunas operaciones que en otros países como Inglaterra podrían ascender a 8.000 euros han convertido a nuestro país en un paraíso quirúrgico inigualable. La ministra de Sanidad, Ana Mato, confirmó ayer que el Sistema Nacional de Salud está asumiendo, con cargo a sus presupuestos, la asistencia sanitaria de personas que ya la tienen cubierta dentro de su país. En concreto, casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.

Para evitarlo se llevará a cabo una clarificación armonizada de la condición de asegurado, así España podrá facturar de una manera rápida y directa al país de origen, como ya sucede con los españoles que viajan al extranjero. “Queremos evitar que haya ciudadanos extranjeros con solvencia económica que puedan, mediante lagunas administrativas o recurriendo a la picaresca, beneficiarse para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios de España”, señaló la responsable de Sanidad.

Mato avaló sus palabras con un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, en el que dejaba claro la diferencia millonaria entre lo que España factura por la atención sanitaria a extranjeros y lo que paga por la que los españoles reciben fuera. En 2009, España facturó 441,1 millones de euros a 26 países de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza por la asistencia médica prestada a ciudadanos de estos países, mientras que el gasto que supuso la asistencia de españoles en el extranjero sumó 46,2 millones. Una diferencia que, según señala el Tribunal, solo obedece a que “España es un país eminentemente receptor de turistas y residentes extranjeros”.

José Antonio Monago, presidente de Extremadura, asegura queexiste una página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña "que explica cómo acudir a España para tener una asistencia sanitaria en determinadas materias, incluso que no son objeto de ser cubiertas por el sistema sanitario británico".

La Costa del Sol se corona como la meca del turismo sanitario español. En Fuente de Piedra (Málaga), hay una urbanización especializada en alquilar chalés por una duración de cinco o seis meses, el tiempo en el que los turistas sanitarios estiman que necesitan para llegar, afincarse, operarse, recuperarse y regresar a su país de origen sin pagar ni un solo euro por la operación. Desde el Consejo General de Enfermería de Málaga se han percatado de que llama enormemente la atención de que turistas, procedentes de Alemania y Holanda, reciben una cantidad “chocante” de implantes de cadera y marcapasos de forma gratuita, unas intervenciones que suponen un "gasto considerable" y que son afrontados por el Servicio Andaluz de Salud, que evita cuantificar a cuánto asciende el coste total de estos servicios.

A vueltas con España.- Rajoy, entre el rescate y la intervención

 Inmerso en un aluvión de críticas, en la prensa y en las redes sociales, por dejar que su ministro de Economía diese la cara el día del rescate bancario de España, el presidente Rajoy decidió -al fin- comparecer ante los medios, poco antes de salir hacia Polonia para ver jugar a España ante Italia en la Eurocopa. Sin las reformas, hubieran intervenido España, vino a decir el jefe del Gobierno, que evitó hablar de rescate, a diferencia de la prensa internacional.

   Conviene tener visión de conjunto, alertó también Mariano Rajoy. Y tiene razón. Pero si lo hacemos, seguramente veremos más cosas -de conjunto- de las que él reconoce, lo cual no quiere decir que no sea cierto gran parte de lo que dice. Un ejemplo: Rajoy aclaró que el rescate no afecta al déficit y en teoría tiene razón, pero sí afecta a la deuda y los intereses incidirán en el déficit. Peor todavía: habrá inspecciones sobre la banca rescatada cuyos resultados es probable que deriven en nuevas medidas de ajuste 'sugeridas' desde Bruselas, como subir el IVA o aplicar antes de lo previsto el aplazamiento de la edad de jubilación, sin descartar retoques en la reforma laboral. En definitiva, España como país rescatado deberá demostrar que cumple a rajatabla la política fiscal que se le 'aconseja'.

   Si a todo esto no se le quiere llamar rescate o intervención -para situarnos, 100.000 millones es casi el importe anual de las pensiones en España y dos veces la recaudación por IVA- es por el estigma asociado a tales palabras en los tres países que precedieron a España en este tipo de operaciones: Grecia, Irlanda y Portugal. Pero la realidad es la que es. De hecho, la persistencia de ese círculo vicioso llamado bucle diabólico -el que mezcla la vulnerabilidad de la banca con el deterioro de la deuda pública- ejerce una influencia dañina sobre la financiación de las empresas y, en definitiva, sobre su inversión y el empleo, como deduce el economista Emilio Ontiveros. Y sin crecimiento no hay trabajo. Sólo más pobreza, que es lo que estamos viendo. Para que vuelva el crédito también hace falta una actividad productiva sana y un nuevo modelo económico alternativo al ladrillo, que España aún no tiene. Ése es el verdadero problema de fondo, y de conjunto.

Rosado subraya que la sanidad "no se va privatizar" y que se están haciendo cambios para "mejorar su sostenibilidad"

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El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha subrayado este viernes que la sanidad pública en la Comunitat Valenciana "va a seguir existiendo" y "no se va a privatizar", y ha recalcado que desde el Gobierno de la Generalitat se están "haciendo cambios para mejorar la sostenibilidad del sistema".


Rosado ha realizado estas declaraciones a los periodistas durante su visita al Hospital General Universitario de Alicante, donde ha asistido al homenaje realizado a los 93 jubilados en 2011 del centro sanitario, un acto en el que ha estado acompañado por el gerente del departamento, el doctor Juan Antonio Marqués, y por la vicepresidenta del Comité de Actos Sociales del Hospital alicantino, Rafaela Lillo.


"La sanidad pública va a seguir existiendo y teniendo las mismas características que tiene hasta ahora", ha reiterado. "Estamos haciendo cambios para mejorar la sostenibilidad del sistema, pero no estamos dispuestos a renunciar a que nuestra sanidad pública sea como es", ha agregado.


Rosado ha repetido que la sanidad "no se va a privatizar, como se está diciendo en algunos sectores". El caudal "más importante" que se tiene "son los profesionales sanitarios y no sanitarios que pertenecen a la Agencia Valenciana de Salud", ha explicado.

30 mujeres discapacitadas se formarán en nuevas tecnologías

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y la Fundación Repsol formarán en nuevas tecnologías a 30 mujeres burgalesas del medio rural con discapacidad. Para ello, se empleará una unidad móvil «complemente adaptada» y con herramientas TIC «de última generación», como routers wifi, tablets y smartphones, que recorrerá Burgos capital y su alfoz, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.
El proyecto ha sido el ganador del Concurso ‘Futuro sin barreras’, organizado por Fundación Repsol el pasado año. Ya se ha realizado en León y Salamanca, mientras que llegará a Palencia y Soria tras pasar por Burgos.
Según fuentes del proyecto, abarca la formación tecnológica, el trabajo en competencias sociolaborales y la intermediación con los potenciales empleadores, con el objetivo de poner al alcance de las mujeres con discapacidad un instrumento que sirva para «potenciar los procesos de inserción laboral» y «promover la utilización de nuevas herramientas» con las que «mejorar su nivel de empleabilidad».
Asimismo, se pretende facilitar el acceso a la administración electrónica, a recursos como páginas web de empleo o a buscadores de ofertas de trabajo, para lo cual se emplearán las últimas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para solventar las barreras físicas y sociales que aún existen en la sociedad.

Residencias de ancianos avisan de cierres por los impagos de la Generalitat

Las residencias de ancianos sin ánimo de lucro englobadas en la Asociación de Residencias del Sector Solidario valenciano (Lares) alertaron este jueves de su “crítica” situación al no haber recibido las subvenciones de la Consejería de Bienestar Social desde agosto del año pasado. En total, indicó su presidente, José Pascual, la Generalitat les adeuda 5,4 millones de euros de las plazas concertadas del año pasado y otros seis millones de 2012, aunque el plazo para el pago de esta última partida aún no ha concluido.

Pascual denunció que Bienestar Social les trata como si fueran “invisibles” al excluirles “de todos los sistemas posibles de pago”, y planteó la idea de que el objetivo de la Administración autonómica sea que las residencias solidarias “desaparezcan para pasar esas plazas al sector privado”. En sus 44 centros, afirmó, se atiende a cerca de 2.500 personas mayores y se da empleo a cerca de 1.600 trabajadores. Forman parte de Lares asociaciones, fundaciones y congregaciones religiosas.

Su gerente, Sergio Cañellas, señaló que no pudieron ser incluidos en el plan de pago a proveedores porque lo que reciben son técnicamente son subvenciones públicas: “Pero les hemos pedido entrar en el sistema del confirming [una fórmula financiera que permite que los bancos adelanten la cantidad que deben recibir del Consell, con un coste financiero] que depende de la Administración autonómica y hasta hace unos días se podía, y nos han dicho que no”. “El problema es si vamos a cerrar o no”, añadió el presidente. Lares ha convocado concentraciones en los centros y ante la Generalitat, y enviará cartas al presidente Alberto Fabra y a los consejeros de Hacienda y de Bienestar Social.

Los centros de FP apuestan por adaptarse a la demanda empresarial

Los centros educativos que imparten Formación Profesional están dispuestos a adaptar la formación que imparten a las necesidades de las empresas para mejorar la empleabilidad de sus alumnos. Así se puso de manifiesto durante la jornada FP&Empresa: la mejor unión organizada por el centro Juan de Colonia con el objetivo de dar a conocer un proyecto de innovación en el que están implicados 85 centros de toda España y medio centenar de industrias
«La Formación Profesional por sí sola no crea empleo, pero contribuye a mejorar la empleabilidad». En este sentido, la misión que tiene es proveer al mercado de personal cualificado para lo cual necesitamos contar con las empresas para impartir una formación adecuada», indicó el director general de Formación Profesional, Enrique de la Torre, durante la inauguración de la jornada.
En el proyecto de innovación FP-Empresa están implicados centros de toda España (entre ellos el Juan de Colonia), lo que da idea de la envergadura de la iniciativa. Se pretende impulsar una gran bolsa de empleo para ponerla a disposición de los alumnos, así como iniciar nuevas vías de relación entre los centros educativos y las empresas para compartir conocimiento y soluciones. También se quieren diseñar proyectos conjuntos y convertir los centros educativos en espacios abiertos a la participación de las empresas.
El director general de Formación Profesional también avanzó que se generalizarán en todas las provincias las denominadas Aula-empresa, que este curso se implantaron de forma piloto en Burgos (Simón de Colonia e Instituto Técnico Industrial de Miranda), León y Valladolid. «La empresa se está dando cuenta de la importancia que tiene su aportación para formar a los futuros trabajadores. En los centros educativos tenemos a los alumnos dos o tres años, pero los centros de trabajo veinte o treinta años», añadió.

Los empresarios
En la jornada de ayer también intervinieron el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Antonio Méndez Pozo, y el de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE), Miguel Ángel Benavente.
Méndez Pozo aseguró que la Formación Profesional es una «salida buena» para acceder al mercado laboral. «Debemos inculcar a los alumnos confianza y necesidad de aprender e, incluso animarles a que creen su propia empresa», subrayó.
Por su parte, Miguel Ángel Benavente, animó a los centro educativos a apostar por la Formación Profesional Dual, que combina teoría con trabajo del alumno en empresa con salario incluido como el exitoso modelo alemán.

Rajoy rechaza pedir IBI a la Iglesia “con la que está cayendo”

Mariano Rajoy y Cayo Lara están de acuerdo en algo. Si tanto le interesaba al PSOE pedir a la Iglesia que pagase el IBI —acaba de ordenar a sus concejales que lo exijan en los Ayuntamientos—, ¿por qué no lo hizo cuando estuvo en el poder? “Lo más sorprendente es que lo haga después de haber estado 20 años en el Gobierno”, recordó ayer el actual presidente. “A buenas horas, mangas verdes. Por dos veces votaron en contra de estas iniciativas que IU llevó al Parlamento”, advirtió Lara. En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo dejó claro que “con la que está cayendo” no le parece oportuno, y que no tiene “ninguna intención” de modificar el Concordato con la Santa Sede, vigente desde 1979.
Los líderes de PP, PSOE, IU y los sindicatos también aclararon ayer que ellos sí pagan el IBI de sus sedes, desmintiendo al responsable de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, Isidro Catela, y la portada de La Razón. “De Génova [sede principal del PP], desde luego que sí”, dijo Rajoy. Y en el resto, “espero que sí”, titubeó. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, incluso llevó los recibos a la conferencia de prensa: “Pagamos religiosamente”, ironizó. El PSOE pagó, por ejemplo, 59.671 euros por la sede de Ferraz en 2011. Lara aclaró que IU paga el IBI “como todo hijo de vecino”. Y Antonio del Campo, responsable de Organización de CC OO, insistió en que el sindicato “paga religiosamente” y atribuyó a “una campaña de mala fe” decir que no, informa Carmen Morán.

“La conversión del PSOE es como la caída del caballo de San Pablo. No hace ni cuatro días estaban votando en contra. Están siete años gobernando y se acuerdan del laicismo ahora”, criticó Gaspar Llamazares, de IU, formación que ha planteado el asunto en todos sus programas, en decenas de enmiendas a los Presupuestos y en preguntas y proposiciones en Congreso y Senado desde hace años. El pasado 17 de mayo en San Sebastián de los Reyes (Madrid), a iniciativa de IU y ya con los votos del PSOE, se acordó reclamar el IBI a la Iglesia.
En la moción que el PSOE va a presentar en los Ayuntamientos se pide también la revisión del Concordato con la Iglesia —esa fue la promesa estrella de Rubalcaba en el congreso federal que lo aupó a la secretaría general en febrero— y una nueva ley de libertad religiosa (ya la habían prometido en la anterior legislatura, pero finalmente la aparcaron). Rubalcaba explicó que la iniciativa que ha planteado a los Ayuntamientos consiste en que, mientras no se revise el concordato, la Iglesia siga exenta del IBI por los edificios de culto, pero no por el resto de inmuebles. “Una cosa es una catedral y otra es un parquin al lado de la catedral”, dijo. “La catedral, según el concordato, no debe pagar. El parquin, sí”.
Llamazares iría más allá. “En Italia, Monti propuso que se eliminaran las exenciones de impuestos a todo, también las catedrales, aunque finalmente cedió por la presión del Vaticano. No entiendo que el PSOE excluya lugares de culto o que argumente afán recaudatorio de esfuerzo común contra la crisis. Se trata de que la Iglesia no tenga privilegios económicos en un Estado aconfesional”.

'PARA MUCHA GENTE, LA TARJETA SANITARIA ES LA DIFERENCIA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE'

La decisión del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular para muchas ONG rompe el principio de sanidad universal y gratuita para todos en España.
A partir del 1 de septiembre, unos 500.000 'sin papeles' se verán privados de cobertura básica.

'Mezclar turismo sanitario con inmigración es una auténtica aberración'

Pero en la asociación Karibu (bienvenido en suajili), que lleva más de 20 años ofreciendo asistencia médica a inmigrantes subsaharianos, saben que esa supuesta universalidad no es tal. Lo dice su fundador y director, el padre Antonio Díaz de Freijo, quien afirma indignado que "mezclar turismo sanitario e inmigración es una aberración". Y añade que las leyes "se aplican a todos por igual, pero no tienen las mismas consecuencias para todos".
A continuación muestra, más indignado aún, un artículo que advierte de que, sin asistencia sanitaria, los inmigrantes propagarán enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el VIH. "No se pueden decir estas mentiras. Los africanos que vienen a España son la esperanza de prosperidad para sus familias, que eligen para este proyecto a los más jóvenes, fuertes y sanos. Sus enfermedades, si las tienen, suelen ser fruto de las duras condiciones de acceso a España".
Y desmiente otro argumento recurrente: los inmigrantes colapsan los servicios sanitarios. Según un Informe de Médicos del Mundo, sólo un 4% viene a España por motivos de salud y suelen ir al médico 4 veces al año, frente a casi siete los españoles. "Nuestros profesionales les animan a acudir a los primeros síntomas, pero les cuesta superar el choque de culturas".

Médicos voluntarios, la única salida

Unos 40 médicos y enfermeros voluntarios en ejercicio pasan consulta en las instalaciones de Karibu. Atienden a quienes no cumplen los requisitos mínimos para ser beneficiarios del sistema sanitario.
Cada año, acuden a su consultorio unas 5.000 personas. La mayoría no tiene acceso al empadronamiento, requisito fundamental hasta ahora si no eres menor, embarazada o sufres una urgencia, para recibir atención primaria. Pero muchos otros, que van al dispensario de la asociación o son usuarios del albergue, guardan en su bolsillo la preciada tarjeta blanquiazul, que un día consiguieron trabajando y que dentro de cuatro meses quedará anulada.

'Los inmigrantes con VIH perderán sus tratamientos antirretrovirales'

La Plataforma Social mantendrá viva la llama de la protesta

La menor afluencia de gente en la calle en relación con las marchas con las que se cerró la jornada de huelga general del 29 de marzo fue ayer palpable. Esta evidencia no provocará un cambio de rumbo de quienes dirigen la protesta contra el Gobierno por su política de recortes. Casi a la misma hora que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, advertía de que su agenda de “reformas” continuará imparable, los líderes sindicales llamaban a “la movilización permanente, siempre pacífica”, hasta que el Gobierno rectifique.

Este fue el mensaje en las 55 ciudades de España en las que decenas de miles de ciudadanos se manifestaron contra el desmantelamiento del Estado de bienestar. Las más concurridas fueron en Madrid y Valencia, aunque en todas ellas la huella de la indignación quedó. Los sindicatos continuarán llamando a la movilización “el mes que viene, el otro y después del verano”, dijo el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. De momento ya suman cuatro jornadas de protesta contra el tijeretazo del PP: el 19 de febrero, el 11-M, el 29-M y el 29 de abril.


Es una apuesta arriesgada, pero las centrales sindicales están persuadidas de que su pretensión no es descabellada. Se trata de mantener viva la llama de la queja y la movilización a través de la recién creada Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, que ayer, 29 de abril, echó a andar en toda España con el lema Con la educación y la sanidad no se juega.

El recorte de 10.000 millones de euros en ese capítulo fue el motivo esencial de la llamada a la protesta. Muchos profesores volvieron a enfundarse las camisetas verdes que simbolizaron el rechazo a las medidas de algunas comunidades autónomas, encabezadas por la de Madrid, de reducir drásticamente la contratación de profesores interinos y aumentar las horas lectivas de los profesores. “Educación pública de todos y para todos”, se leía en el atuendo verde de muchos manifestantes.

Vuelta de tuerca a los servicios públicos

Después de un mes vertiginoso de recortes para tranquilizar a los mercados, los servicios públicos en España siguen siendo públicos. Pero son más caros. Y para algunos colectivos la puerta se entrecierra. Cuando los cambios por decreto del Gobierno de Mariano Rajoy se pongan en práctica —la mayoría, en septiembre—, los ciudadanos pagarán más por las medicinas —y algunos que no pagaban lo harán por primera vez-, pagarán más por ir a la universidad, verán cómo la ayuda a la dependencia se restringe un poco más y tendrán que pensárselo dos veces antes de recurrirrir una sentencia judicial.
El golpe más fuerte será para los inmigrantes sin papeles: pierden el derecho a la tarjeta sanitaria que se les reconoció por primera vez en 2000.
El PP alega que las reformas son necesarias porque las cuentas se han descontrolado y porque en los últimos años ha habido mucho abuso de los servicios públicos, financiados por unos exhaustos contribuyentes; la oposición sostiene que detrás de los recortes hay una "demolición del Estado de bienestar" y que el objetivo del Gobierno es deteriorar ahora los servicios públicos para, en un futuro, privatizarlos.

EL CONSELL PONE FIN A 17 AÑOS DE TRABAJO POR EL ALZHÉIMER EN CASTELLÓN

Miguel Ángel no puede contener la expresión de alegría cuando su hija Raquel Atienza irrumpe inesperadamente en su taller de estimulación cognitiva. Tiene 60 años, padece alzhéimer y desde hace cinco años acude al centro de día La Pineda que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA) gestiona en la ciudad de Castellón desde hace 17 años. “Hoy por hoy somos el único centro específico que realizamos estimulación cognitiva para retardar el deterioro de la enfermedad”, explica Patricia Olmeda, directora del centro.
“Llegué a la asociación perdida, desorientada y desesperada, hasta que les encontré a ellos. Desde entonces ha mejorado tanto la vida de mi padre como la mía”, dice Raquel. Pero el pasado lunes la Consejería de Bienestar Social envió un escrito al centro en el que instaba a su inmediato cierre y desalojo por la puesta en marcha del centro de atención especializada a personas dependientes Gran Vía, que abrirá sus puertas la próxima semana, tres años después de su construcción. El futuro de los 40 usuarios y las 12 trabajadoras queda en el aire.
“No nos ha llegado ni una carta de la consejería ni nos han explicado qué va a pasar con nuestros familiares”, se queja Elena Cervera. Hace tres años que su padre acude a La Pineda.

El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, ha asegurado que todos los usuarios serán trasladados al Gran Vía. Pero hay un problema. Martínez habla de las 20 plazas para las que se abrió el centro de AFA. Y Emilio Marmaneu, presidente de la asociación, asegura que han logrado asistir al doble con una restructuración de servicios. Además, la consejería asegura que en el nuevo centro habrá 50 plazas (33 de día y otras 17 de residencia), pero el pliego de condiciones recoge que de las plazas de atención diurna para personas mayores dependientes con alzhéimer, “17 serán ocupadas por los usuarios con plaza en el servicio de atención residencial”.

Marmaneu recalca que la apertura de este centro “es una muy buena noticia”, pero apunta que el de AFA “es un centro de día de estimulación cognitiva, y esa es la gran diferencia, pensábamos que se mantendría como centro complementario”. La consejería ha justificado el cierre alegando que el centro “carece de licencia municipal y de requisitos”.
Los familiares no lo aceptan. Carmen Agost lleva a su marido de 62 años desde que tenía 56. “Son los mejores y todo lo están haciendo con cuatro perras, si no hay dinero no lo hay, pero que recorten de otras cosas”, dice.

El presidente de AFA apunta que han planteado sin éxito seguir trabajando con unos 80.000 euros al año, la mitad del presupuesto. Y eso que el Consell les adeuda 300.000 euros desde 2010 por este y otros centros que mantiene en la provincia. “En mayo ya no tendremos dinero para pagar a los trabajadores”, recalca. Marmaneu sabe que el mes que viene cerrarán. Y algunos de los usuarios todavía lo desconocen.
Mientras, Raquel no pierde la esperanza: “Al día siguiente de saber que cerraban, leía la noticia de que el Consell pagaba 35 millones más por la fórmula 1. Yo todavía confío en que den marcha atrás y no cierren La Pineda”.

Trasladan de Melilla al CIE de Madrid a 44 inmigrantes congoleños 'inexpulsables'

Un grupo de 44 inmigrantes ha sido trasladado a la península, tras permanecer en la mayoría de los casos más de dos años acogidos en el Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla.

Los inmigrantes, procedentes de la República Democrática del Congo, serán llevados a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, donde permanecerán encerrados el tiempo que establece la Ley de Extranjería hasta que se constate que no pueden ser repatriados a su país de origen, al no existir un acuerdo con el país de procedencia. Pasado dicho plazo, podrán abandonar el centro.
Por ello, los inmigrantes no podían ocultar su satisfacción porque si en principio van a estar encerrados, la práctica totalidad de ellos -cada caso se estudia individualmente- finalmente permanecerá en el país.

Acampada de protesta

Los inmigrantes han conseguido así su objetivo de viajar a la península y por el que el pasado 6 de febrero iniciaron una acampada frente a la Delegación del Gobierno en Melilla.
Días después, el 17, abandonaron su protesta con objeto de facilitar al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, su trabajo, al comprometerse a buscar una solución.
Está previsto que la próxima semana salga otro grupo de congoleños para seguir el mismo procedimiento.
Con esta salida, la cifra de acogidos en el CETI es de unos 580, un número que dista mucho de los 874 que había a principios de año cuando el actual delegado del Gobierno tomó posesión.
El Barkani ha manifestado que va a trabajar para que el CETI no sea un centro de estancia permanente de inmigrantes, pero ha querido dejar claro que no va a ceder a ningún tipo de presión, en referencia a la protesta que han iniciado los tunecinos para seguir el ejemplo de los congoleños.