'PARA MUCHA GENTE, LA TARJETA SANITARIA ES LA DIFERENCIA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE'

La decisión del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular para muchas ONG rompe el principio de sanidad universal y gratuita para todos en España.
A partir del 1 de septiembre, unos 500.000 'sin papeles' se verán privados de cobertura básica.

'Mezclar turismo sanitario con inmigración es una auténtica aberración'

Pero en la asociación Karibu (bienvenido en suajili), que lleva más de 20 años ofreciendo asistencia médica a inmigrantes subsaharianos, saben que esa supuesta universalidad no es tal. Lo dice su fundador y director, el padre Antonio Díaz de Freijo, quien afirma indignado que "mezclar turismo sanitario e inmigración es una aberración". Y añade que las leyes "se aplican a todos por igual, pero no tienen las mismas consecuencias para todos".
A continuación muestra, más indignado aún, un artículo que advierte de que, sin asistencia sanitaria, los inmigrantes propagarán enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el VIH. "No se pueden decir estas mentiras. Los africanos que vienen a España son la esperanza de prosperidad para sus familias, que eligen para este proyecto a los más jóvenes, fuertes y sanos. Sus enfermedades, si las tienen, suelen ser fruto de las duras condiciones de acceso a España".
Y desmiente otro argumento recurrente: los inmigrantes colapsan los servicios sanitarios. Según un Informe de Médicos del Mundo, sólo un 4% viene a España por motivos de salud y suelen ir al médico 4 veces al año, frente a casi siete los españoles. "Nuestros profesionales les animan a acudir a los primeros síntomas, pero les cuesta superar el choque de culturas".

Médicos voluntarios, la única salida

Unos 40 médicos y enfermeros voluntarios en ejercicio pasan consulta en las instalaciones de Karibu. Atienden a quienes no cumplen los requisitos mínimos para ser beneficiarios del sistema sanitario.
Cada año, acuden a su consultorio unas 5.000 personas. La mayoría no tiene acceso al empadronamiento, requisito fundamental hasta ahora si no eres menor, embarazada o sufres una urgencia, para recibir atención primaria. Pero muchos otros, que van al dispensario de la asociación o son usuarios del albergue, guardan en su bolsillo la preciada tarjeta blanquiazul, que un día consiguieron trabajando y que dentro de cuatro meses quedará anulada.

'Los inmigrantes con VIH perderán sus tratamientos antirretrovirales'

La Plataforma Social mantendrá viva la llama de la protesta

La menor afluencia de gente en la calle en relación con las marchas con las que se cerró la jornada de huelga general del 29 de marzo fue ayer palpable. Esta evidencia no provocará un cambio de rumbo de quienes dirigen la protesta contra el Gobierno por su política de recortes. Casi a la misma hora que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, advertía de que su agenda de “reformas” continuará imparable, los líderes sindicales llamaban a “la movilización permanente, siempre pacífica”, hasta que el Gobierno rectifique.

Este fue el mensaje en las 55 ciudades de España en las que decenas de miles de ciudadanos se manifestaron contra el desmantelamiento del Estado de bienestar. Las más concurridas fueron en Madrid y Valencia, aunque en todas ellas la huella de la indignación quedó. Los sindicatos continuarán llamando a la movilización “el mes que viene, el otro y después del verano”, dijo el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. De momento ya suman cuatro jornadas de protesta contra el tijeretazo del PP: el 19 de febrero, el 11-M, el 29-M y el 29 de abril.


Es una apuesta arriesgada, pero las centrales sindicales están persuadidas de que su pretensión no es descabellada. Se trata de mantener viva la llama de la queja y la movilización a través de la recién creada Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, que ayer, 29 de abril, echó a andar en toda España con el lema Con la educación y la sanidad no se juega.

El recorte de 10.000 millones de euros en ese capítulo fue el motivo esencial de la llamada a la protesta. Muchos profesores volvieron a enfundarse las camisetas verdes que simbolizaron el rechazo a las medidas de algunas comunidades autónomas, encabezadas por la de Madrid, de reducir drásticamente la contratación de profesores interinos y aumentar las horas lectivas de los profesores. “Educación pública de todos y para todos”, se leía en el atuendo verde de muchos manifestantes.

Vuelta de tuerca a los servicios públicos

Después de un mes vertiginoso de recortes para tranquilizar a los mercados, los servicios públicos en España siguen siendo públicos. Pero son más caros. Y para algunos colectivos la puerta se entrecierra. Cuando los cambios por decreto del Gobierno de Mariano Rajoy se pongan en práctica —la mayoría, en septiembre—, los ciudadanos pagarán más por las medicinas —y algunos que no pagaban lo harán por primera vez-, pagarán más por ir a la universidad, verán cómo la ayuda a la dependencia se restringe un poco más y tendrán que pensárselo dos veces antes de recurrirrir una sentencia judicial.
El golpe más fuerte será para los inmigrantes sin papeles: pierden el derecho a la tarjeta sanitaria que se les reconoció por primera vez en 2000.
El PP alega que las reformas son necesarias porque las cuentas se han descontrolado y porque en los últimos años ha habido mucho abuso de los servicios públicos, financiados por unos exhaustos contribuyentes; la oposición sostiene que detrás de los recortes hay una "demolición del Estado de bienestar" y que el objetivo del Gobierno es deteriorar ahora los servicios públicos para, en un futuro, privatizarlos.

EL CONSELL PONE FIN A 17 AÑOS DE TRABAJO POR EL ALZHÉIMER EN CASTELLÓN

Miguel Ángel no puede contener la expresión de alegría cuando su hija Raquel Atienza irrumpe inesperadamente en su taller de estimulación cognitiva. Tiene 60 años, padece alzhéimer y desde hace cinco años acude al centro de día La Pineda que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA) gestiona en la ciudad de Castellón desde hace 17 años. “Hoy por hoy somos el único centro específico que realizamos estimulación cognitiva para retardar el deterioro de la enfermedad”, explica Patricia Olmeda, directora del centro.
“Llegué a la asociación perdida, desorientada y desesperada, hasta que les encontré a ellos. Desde entonces ha mejorado tanto la vida de mi padre como la mía”, dice Raquel. Pero el pasado lunes la Consejería de Bienestar Social envió un escrito al centro en el que instaba a su inmediato cierre y desalojo por la puesta en marcha del centro de atención especializada a personas dependientes Gran Vía, que abrirá sus puertas la próxima semana, tres años después de su construcción. El futuro de los 40 usuarios y las 12 trabajadoras queda en el aire.
“No nos ha llegado ni una carta de la consejería ni nos han explicado qué va a pasar con nuestros familiares”, se queja Elena Cervera. Hace tres años que su padre acude a La Pineda.

El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, ha asegurado que todos los usuarios serán trasladados al Gran Vía. Pero hay un problema. Martínez habla de las 20 plazas para las que se abrió el centro de AFA. Y Emilio Marmaneu, presidente de la asociación, asegura que han logrado asistir al doble con una restructuración de servicios. Además, la consejería asegura que en el nuevo centro habrá 50 plazas (33 de día y otras 17 de residencia), pero el pliego de condiciones recoge que de las plazas de atención diurna para personas mayores dependientes con alzhéimer, “17 serán ocupadas por los usuarios con plaza en el servicio de atención residencial”.

Marmaneu recalca que la apertura de este centro “es una muy buena noticia”, pero apunta que el de AFA “es un centro de día de estimulación cognitiva, y esa es la gran diferencia, pensábamos que se mantendría como centro complementario”. La consejería ha justificado el cierre alegando que el centro “carece de licencia municipal y de requisitos”.
Los familiares no lo aceptan. Carmen Agost lleva a su marido de 62 años desde que tenía 56. “Son los mejores y todo lo están haciendo con cuatro perras, si no hay dinero no lo hay, pero que recorten de otras cosas”, dice.

El presidente de AFA apunta que han planteado sin éxito seguir trabajando con unos 80.000 euros al año, la mitad del presupuesto. Y eso que el Consell les adeuda 300.000 euros desde 2010 por este y otros centros que mantiene en la provincia. “En mayo ya no tendremos dinero para pagar a los trabajadores”, recalca. Marmaneu sabe que el mes que viene cerrarán. Y algunos de los usuarios todavía lo desconocen.
Mientras, Raquel no pierde la esperanza: “Al día siguiente de saber que cerraban, leía la noticia de que el Consell pagaba 35 millones más por la fórmula 1. Yo todavía confío en que den marcha atrás y no cierren La Pineda”.