Las residencias de ancianos sin ánimo de lucro englobadas en la Asociación de Residencias del Sector Solidario valenciano (Lares) alertaron este jueves de su “crítica” situación al no haber recibido las subvenciones de la Consejería de Bienestar Social desde agosto del año pasado. En total, indicó su presidente, José Pascual, la Generalitat les adeuda 5,4 millones de euros de las plazas concertadas del año pasado y otros seis millones de 2012, aunque el plazo para el pago de esta última partida aún no ha concluido.
Pascual denunció que Bienestar Social les trata como si fueran “invisibles” al excluirles “de todos los sistemas posibles de pago”, y planteó la idea de que el objetivo de la Administración autonómica sea que las residencias solidarias “desaparezcan para pasar esas plazas al sector privado”. En sus 44 centros, afirmó, se atiende a cerca de 2.500 personas mayores y se da empleo a cerca de 1.600 trabajadores. Forman parte de Lares asociaciones, fundaciones y congregaciones religiosas.
Su gerente, Sergio Cañellas, señaló que no pudieron ser incluidos en el plan de pago a proveedores porque lo que reciben son técnicamente son subvenciones públicas: “Pero les hemos pedido entrar en el sistema del confirming [una fórmula financiera que permite que los bancos adelanten la cantidad que deben recibir del Consell, con un coste financiero] que depende de la Administración autonómica y hasta hace unos días se podía, y nos han dicho que no”. “El problema es si vamos a cerrar o no”, añadió el presidente. Lares ha convocado concentraciones en los centros y ante la Generalitat, y enviará cartas al presidente Alberto Fabra y a los consejeros de Hacienda y de Bienestar Social.
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